Antes que nada quiero creer que El Último Elefante ya le está dando la publicidad debida a este espacio, porque me ilusiona pensar que tengo miles de lectores. También es mi deseo, si mi amigo lo decide así, que se modifique eso de que aquí se abordan temas tan áridos como la "economía"o la "sociología", materias que me causan sueño, mejor sería decir que tratamos temas de política legislativa, judicial y económica-administrativa en menor medida.
Así las cosas, el tema que abordaré, muy someramente, es el de la pretensión calderonista de que se hagan modificaciones constitucionales, para darle cabida -entre otras muchas cosas- al denunciante y al testigo anónimo, cuando dichas personas rindan sus denuncias o testimonios respectivamente, tratándose de delitos cometidos por la delicuencia organizada. Aunque vaticino que dicha propuesta no pasará la purga del congreso, considero que tiene un elemento positivo. Cuando un sistema no funciona, hay que hacer las modificaciones necesarias para que sea efectivo, aunque sean riesgosas. En la actualidad, declarar o testificar en contra de mafias, carteles, pandillas, bandas, y demás grupúsculos organizados para delinquir es firmar una sentencia de muerte en contra de uno mismo. ¿ Quién en su sano juicio se atrevería a acusar a los Zetas por puro amor a la verdad y a la justicia? Los programas de protección de testigos en este país están en pañales. Ni siquiera los cuerpos policiacos son capaces de defender a su gente (recuerden el reciente homicidio del secretario de seguridad publica de Hidalgo).
Aceptémoslo, el actual sistema está rebasado. No sirve. Ya han surgido las voces en contra de la reforma de abogados penalistas que unas veces, y otras también, se dedican a defender a narcotraficantes y defraudadores siempre y cuando les paguen sus honorarios, sin que les importe un bledo si son culpables o inocentes. La propuesta calderonista es buena, si dichas denuncias y testimonios anónimos se encuentran respaldados además por un proceso en el que se logre probar fehacientemente la culpabilidad de los procesados.
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